¿QUIÉN PAGA LAS CAMPAÑAS ELECTORALES?

¿Es necesario que las organizaciones políticas den a conocer el origen, la fuente y el destino de cada sol que captan para financiarse y financiar sus campañas? ¿Por qué? Las organizaciones políticas juegan un rol trascendental en cualquier régimen político porque concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular. A su vez, las organizaciones políticas requieren estar en contacto directo y constante con la ciudadanía y ello exige ingentes recursos económicos y financieros.

Uno de los rubros más voluminosos y sensibles es el gasto en propaganda. En los EE.UU. la radio se utilizó por primera vez en la campaña de 1924. Desde 1952, la TV se convirtió en el medio principal de comunicación con los votantes. A medida que aumenta la población y se desarrolla los medios de hacer campaña electoral, los costos ascienden astronómicamente y su financiación y pago pueden comprometer la libertad de las organizaciones, con las predecibles consecuencias negativas.

Por otro lado, las graves tormentas y la inestabilidad políticas derivadas de la corrupción en las estrategias para la obtención de los recursos explican y justifican la disposición constitucional que establece que se debe asegurar el funcionamiento democrático de los partidos políticos y la transparencia del origen de sus recursos económicos.

Esta norma constitucional estaba desarrollada en el antiguo texto del Art. 183 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE 26859) que señalaba que dentro de los 60 días anteriores a las elecciones, las organizaciones políticas (partidos, agrupaciones, listas independientes y alianzas) deben presentar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la proyección de (la captación y utilización de) los fondos que serán invertidos durante el proceso electoral ad portas, y sus fuentes de financiamiento. Y, de igual forma, dentro de los 60 días posteriores a la proclamación de los resultados, el informe sobre el movimiento económico y la relación de gastos de la campaña electoral recién culminada. El JNE estaba facultado para efectuar las indagaciones necesarias para establecer la exactitud de los informes. Lamentablemente ese texto legal ha sido pervertido para convertir el control en una formalidad estéril.

Además del saludo a la bandera que es el control del financiamiento; en lo que se refiere a los gastos de campaña electoral, hay tres lagunas ostensibles y lamentables en la LOE 26859 y en la Ley de Partidos Políticos: No establece límites al monto de lo que se puede invertir en propaganda; no hace discriminación respecto al origen nacional o internacional, nominal o anónimo de los recursos privados captados para las campañas; y se ha omitido señalar cuáles son las alternativas de la autoridad electoral frente a la infracción de las disposiciones constitucionales destinadas a hacer transparente la captación e inversión de recursos en el financiamiento de los partidos y los gastos de campaña.

El Proyecto de Código Electoral presentado por el JNE en abril de 1996 prescribía, además, la obligación de publicación en El Peruano de los respectivos balances de ingresos y egresos de la campaña. También previó sanciones que iban desde la multa hasta la cancelación de la inscripción a las organizaciones políticas infractoras y, en su caso, a sus directivos.

Lo cierto es que, cada vez que se aprueba otra ley restrictiva, los políticos se las ingenian para salir con la suya. Así sucedió cuando se prohibió imponer cuotas “pro campaña electoral” a los empleados públicos, o las contribuciones de las empresas o la gente acaudalada; o cuando el tamaño de las contribuciones a los partidos se limitó en 1940 (la ley Hatch). Hecha la ley, hecha la trampa.

Estas formulaciones tienen antiguos ancestros. La primera ley que hacía obligatorio declarar el origen de los fondos de las campañas electorales se aprobó en los EE.UU. en 1910 y fue modificada en 1911, para limitar las cantidades que se podría gastar en propaganda. Luego vinieron, en 1925, la Ley Federal de Prácticas Corruptas que rigió hasta 1972 y la Ley Federal de Campañas Electorales (FECA) de 1971 modificada en 1974, 1976 y 1979 y en la Ley de Rentas de 1971.